28 octubre 2010

Una visita especial

Joffre Villanueva

El Papa viaja a Barcelona para sacralizar un templo y esto es un asunto privado

El día 7 el Papa de Roma visita Barcelona para oficiar la ceremonia de sacralización de la Sagrada Familia. A priori la visita no tiene nada de extraordinario; muchas autoridades visitan nuestro país cada año. Entre otros ya hemos sufrido muchas visitas de jefes de Estado de dictaduras, como el guineano Obiang, y también de teocracias como el saudí Fahd o el tibetano Dalai Lama. Normalmente son recibos con discreción, entre la indiferencia de una mayoría social. En los casos más polémicos se convocan protestas de organizaciones de derechos humanos y de exiliados de aquel país; como máximo se moviliza el movimiento feminista, las entidades por los derechos de gays y lesbianas, o de lucha contra el sida. Pero son protestas que se hacen ante las embajadas o ante el Ministerio de Asuntos Exteriores. La contestación social se proyecta en la dimensión internacional. Sólo la última década, la emergencia del movimiento por una globalización justa ha hecho estallar protestas masivas. Pero también en este caso el objetivo de la protesta han sido organismos multilaterales, como el Banco Mundial o la UE. Organismos en los cuales el Estado español está representado.

Así pues, las protestas por la visita del Papa tienen un carácter diferente. La originalidad y la gravedad de la visita del Papa es doble. Por Una parte, el motivo es la sacralización de un templo, un asunto privado. Imaginemos este despliegue de medios si Silvio Berlusconi viniese a inaugurar unas instalaciones de Telecinco? Y sobre todo: ¿sería recibo con honores de jefe de Estado en visita oficial o se utilizaría un circuito más discreto? Hace poco, Jimmy Carter vino a Terrassa a inaugurar un templo de la Iglesia Baptista Unida. Lo hizo a título particular, no utilizando su condición de ex-Presidente de los Estados Unidos.

El otro motivo de protestas es que el Vaticano tiene firmados unos Acuerdos concordatarios con el Estado español que tienen rango de tratado internacional, superiores a cualquier ley orgánica u ordinaria y que otorgan privilegios a la Iglesia Católica. No hablamos, pues, de un conflicto internacional, sino de una cuestión de orden interno que compromete gravemente los principios de neutralidad, pluralismo e igualdad que inspiran la Constitución e hipoteca toda garantía de libertad de conciencia de nuestra sociedad.

Por sí alguien duda que sean privilegios, expliquémoslo bien: el Concordato dice que toda la educación que se imparta en los centros docentes públicos será respetuosa con los valores de la ética cristiana. No concreta quién es el intérprete de estos valores, pero en cualquier caso es una intromisión flagrante en el sistema educativo y vulnera el principio de libertad de cátedra.

También establece que será obligatorio ofrecer educación religiosa a los alumnos que lo pidan, que esta educación la proporcionarán personas propuestas por el ordinario diocesano y que el estado asumirá su sueldo. Y que los materiales didácticos los tiene que aprobar el obispo, lo que convierte las escuelas en plataformas de apostolado y tiene el perverso efecto de dividir a los niños en función de las creencias de sus padres.

Del Concordato también se desprende la práctica exención de impuestos a toda actividad económica. La Iglesia Católica no paga IRPF, ni impuesto de sucesiones y donaciones, ni matriculaciones de vehículos... Sólo con los años y después de sucesivas advertencias de la UE, la Iglesia Católica ha empezado a pagar el IVA, asegurándose antes de que se incrementaba el 0,52% de la declaración de la renta hasta un 0,7%. Un 0,7% que se descuenta de los presupuestos generales del Estado, pues.

La presencia de la religión (de una religión concreta) en el espacio público tiene otros ejemplos. El juramento de los ministros sobre la Biblia y ante un crucifijo, en lugar de prometer sobre la Constitución. O los funerales de Estado, oficiados en templos católicos por un ministro de esta confesión. Son momentos de gran relevancia simbólica y emotiva, en que un código moral concreto usurpa el espacio público y lo monopoliza, poniéndose por encima de la soberanía popular, intrínsecamente plural.

Son todas estas cuestiones las que quedan amplificadas con motivo de la visita de un hombre que es a la vez líder religioso y jefe de Estado. Y que usa esta condición para vulnerar los principios de igualdad y pluralismo que constan al primer artículo de la Constitución como valores superiores de nuestro ordenamiento jurídico.

Joffre Villanueva 
Secretario General del Moviment Laic i Progressista

Artículo publicado en la edición catalana del diario Público el 26 de octubre de 2010

Traducción al castellano: E.·.M.·.A.·.

3 comentarios:

  1. Que se quede en el Vaticano, de verdad. Parece que nadie se ha puesto a pensar en la cantidad de dinero que vamos a tener que pagar por su visita...y encima la noticia es que va a hablar en catalán. Por mí como si habla en japonés. Lo que hay que decirle al "pastorcico" es que devuelva el dinero del banco del Vaticano a sus verdaderos dueños: el pueblo, y que se deje de tanto viaje, que no está España para dispendios, y menos con el representante de pederastas en el mundo.

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  2. "No estoy de acuerdo con lo que dices pero defenderé con mi vida tu derecho a expresarlo" Voltaire.

    Tenemos tanto que aprender...

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  3. No puedes comprar la visita del Papa con la visita privada o no, tanto de Silvio Berlusconi como de Jimmy Carter. Ni el presidente de Italia ni el expresidente de EE.UU tiene, que yo sepa, ningún seguidor mientras que el Papa, además de jefe de un estado soberano lo es también de todos los católicos y en España son muchos los que están esperándole y le identifican como cabeza de su iglesia.
    Por otra parte la relación existente entre la iglesia católica y el estado español esta destacada en la sección I articulo 16 apt 3 de la constitución. Otra cosa es que algunos quieran eliminar este artículo pero eso sólo se puede hacer si alguien propone una modificación de la Constitución y que yo sepa, ningún partido lo ha propuesto ni ha obtenido una mayoría suficiente para hacerlo. Lo mismo ocurre con los acuerdos firmados entre la Santa Sede y España. No se han alterado, modificado o suprimido.
    Seguramente estaremos de acuerdo en que hay cosas susceptibles de mejorar o incluso eliminar pero no hagamos de la laicidad que defiendes con tanto ahínco una nueva doctrina de la que nos tengamos que arrepentir.

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