04 octubre 2010

Ante el problema mapuche: visión de la Gran Logia de Chile

Declaración del Gran Maestro, Luis Riveros Cornejo. “Una solución permanente al problema mapuche debe venir inspirada a través de la visión humanista. Nuestros hermanos mapuches requieren respeto y urgente atención a sus demandas, y así terminar con más de un siglo de indiferencia y discriminación. Por ello, la Masonería chilena promueve una solución integral y permanente que de base a la salida de la huelga de hambre de representantes de comunidades mapuches y personas ligadas a la defensa de sus derechos.” “Es imprescindible que exista un diálogo que involucre principalmente a los tres poderes del Estado chileno.” “La Masonería chilena se pone a disposición de todos los esfuerzos que se lleven a cabo por parte del Estado chileno para superar en forma permanente el conflicto que hoy día representa el pueblo mapuche.”

Luis Riberos GM de la GLCh
Nuestra Patria vivió un intenso proceso de construcción institucional durante el siglo XIX, en años posteriores a la inmediata consolidación del proceso independentista. Los esfuerzos estuvieron dirigidos a la constitución y consolidación de las principales instituciones republicanas, incluyendo la promulgación de una Constitución Política y el diseño de tareas y estructuras para los poderes del Estado. Asimismo, la Nación se abocó vitalmente al proceso de integración territorial, para constituir una estructura consolidada de país bajo un gobierno central. En ese contexto se desarrolló la guerra de la Araucanía, un proceso doloroso con significativo costo humano y que implicó pérdida de vidas y conllevó un virtual aplastamiento del pueblo mapuche con su cultura e historia, como asimismo el desplazamiento desde territorios que ellos ocupaban ancestralmente.


En aquellos años, la Nación presupuestaba una efectiva incorporación del pueblo mapuche al contexto nacional, con reconocimiento a su individualidad cultural y su debida incorporación a los beneficios de vida en una comunidad nacional. Esto no ocurrió de la manera prevista: las tierras ancestrales fueron expropiadas y sus habitantes desplazados pero, más grave aún, el pueblo mapuche fue virtualmente olvidado en las políticas públicas siendo relegado a una situación de permanente postergación de su cultura como asimismo a una realidad de pobreza y discriminación. A pesar de que durante la mayor parte del siglo XX los esfuerzos del país se dirigieron a crear políticas para el desarrollo social y la creación de mejores oportunidades para los más desposeídos, el pueblo mapuche continuó siendo objeto de una sistemática relegación. En efecto, las políticas se concentraron en atender las necesidades de los sectores urbanos y promovieron esfuerzos de industrialización y educación que favorecieron principalmente a las grandes ciudades y sectores sociales no incluidos en la extrema pobreza. El sector rural fue pospuesto en los ánimos de esos esfuerzos, que además se acompañaron de desequilibrios sociales y económicos que terminaron por producir graves disensos políticos y una virtual frustración en los ánimos de desarrollo. En ese marco, durante el siglo no se atendieron con ningún tipo de énfasis los pospuestos problemas representados por el pueblo mapuche.

Desde hace algunos años esta situación se ha ido haciendo más insostenible. Las legítimas protestas del pueblo mapuche se han centrado en la aspiración de que se revisen, y eventualmente se compensen adecuadamente, las expropiaciones que tuvieron lugar en sus dominios ancestrales. También demandan, y en forma concurrente, atención a su situación socio-económica, marcada por pobreza y abandono, especialmente ante la carencia de efectivas oportunidades para sus niños y jóvenes. Los esfuerzos que han llevado a cabo los sucesivos gobiernos han sido insuficientes por una institucionalidad que más bien impone la lógica central y dominante, antes que la participación efectiva de las comunidades en las decisiones. Se ha caracterizado también por recursos insuficientes, que no guardan proporción frente a la magnitud del problema humano prevaleciente.

Los actos violentistas que el país ha observado recientemente no corresponden a la esencia cultural del pueblo mapuche ni al histórico significado de sus demandas. Aún cuando se trata de un problema que prevalece contra el Estado chileno, cuya consideración integral se ha pospuesto por más de un siglo, la violencia no colabora a ponerlo en la dimensión y prioridad nacional que corresponde. Por lo mismo, en la actual situación, es necesario diferenciar los problemas que se relacionan con la protesta de un grupo de dirigentes mapuches, con aquellas demandas históricas que el Estado chileno debe resolver en profundidad. Sin hacer esta diferenciación se caerá en el error histórico de abordar una manifestación de gran impacto público sin atacar en sus fundamentos el problema esencial, cual es el de las reivindicaciones históricas del pueblo mapuche. El Gobierno está obligado, como cabeza del Estado chileno, a un diálogo encaminado a solucionar la situación creada por la huelga de hambre de un grupo de dirigentes, dando muestras de distensión y mostrando un compromiso para abordar la situación estructural que ha dado origen a todo esto.

La mesa de diálogo debe enfrentar el problema político de corto plazo representado por la huelga de hambre de los 34 comuneros mapuches, reconociendo que en esta protesta son determinantes los factores estructurales mencionados, como también los ánimos políticos que en forma natural e inevitable se han desarrollado en torno al caso. Sin embargo, la solución debe lograrse en torno al tema de fondo, cual es la situación de asilamiento y discriminación contra el pueblo mapuche legada desde los años de la consolidación republicana. Por ello, si bien debe enmarcarse la actual discusión en torno a la reforma de la ley antiterrorista, para que juicios contra civiles sean analizados por la justicia civil y no por la justicia militar y para que se definan adecuadamente los parámetros para considerar los delitos existentes, es necesario que de este acuerdo se desprenda otro relativo a las soluciones de fondo al problema mapuche que subsiste por décadas. Los actores en ambos diálogos deben ser distintos, pues si bien las instituciones humanitarias y de ayuda deben prevalecer en lo primero junto a los compromisos del Gobierno y las reformas legales requeridas, en cuanto a lo segundo es imprescindible que exista un diálogo que involucre principalmente a los tres poderes del Estado chileno. Esta segunda instancia debe animarse a corregir las políticas prevalecientes en décadas pasadas y estimular una efectiva incorporación del pueblo mapuche a las prioridades de país, reconociendo su nacionalidad, estableciendo políticas de efectiva compensación ante la expropiación de sus tierras y orientadas a la entrega de efectiva oportunidades a la niñez y juventud mapuches en sus legítimos ánimos de progreso social y bienestar.

Una solución permanente al problema mapuche debe venir inspirada a través de la visión humanista. Nuestros hermanos mapuches requieren respeto y urgente atención a sus demandas, y así terminar con más de un siglo de indiferencia y discriminación. Por ello, la Masonería chilena promueve una solución integral y permanente que de base a la salida de la huelga de hambre de representantes de comunidades mapuches y personas ligadas a la defensa de sus derechos, Pero además, la Masonería piensa que deben ser los poderes del Estado quienes se envuelvan directamente en una negociación que signifique una salida permanente al problema que representa el tratamiento del pueblo mapuche en nuestra sociedad. Esta solución debe implicar un tratamiento satisfactorio del problema legado por las expropiaciones de sus tierras, además del necesario conjunto de políticas para atender adecuadamente sus necesidades en materia educacional, de salud, laboral y previsional, las cuales han sido pospuestas en forma visible hasta ahora.. Por lo mismo, si en la primera instancia se deben privilegiar la necesaria ayuda humanitaria y de decisión política contingente, en la segunda deben prevalecer las autoridades de los tres poderes del Estado y todas aquellas instituciones civiles que tengan una voz relevante en materia de incidencia política y nacional para adoptar soluciones de carácter permanente.

La Gran Logia de Chile, institución presente en la historia de Chile por casi 150 años y presente en forma decisiva en los episodios claves de consolidación republicana, hace un llamado a las autoridades de la Nación a atender este problema con la prioridad que se merece. La oportunidad de desarrollo que Chile tiene hoy día pasa de manera fundamental por una efectiva equidad y, por lo mismo, por una adecuada consideración a la situación que enfrentan las minorías del país. El término a la huelga de hambre sostenida por algunos dirigentes debe basarse en compromisos a nivel de Estado, y en muestras visibles de la voluntad de provocar un sustancial giro en la situación que afecta al pueblo mapuche. Lo anterior debe tener lugar con un programa, ratificado en el Congreso Nacional, que signifique terminar con este pospuesto problema en el curso de los próximos diez años, por la vía de políticas sociales y económicas además de una efectiva compensación por los territorios expropiados. Con ello se evitarán daños mayores a la Nación, se aislará al violentismo y se procurará una solución acorde al país con equidad y vigencia del humanismo que aspiramos a construir.

La Masonería chilena se pone a disposición de todos los esfuerzos que se lleven a cabo por parte del Estado chileno para superar en forma permanente el conflicto que hoy día representa el pueblo mapuche. Como entidad representativa del humanismo laico chileno y como institución republicana por su historia y tradición, responderá a cualquier llamado que requiera su aporte sustantivo en el ánimo de lograr una solución estable al serio dilema que hoy día enfrenta la Patria. Nos ponemos a disposición de los actores relevantes en ambos lados del conflicto para aportar del modo que sea necesario para su definitiva erradicación.

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