09 agosto 2010

Un carabinero masón


Durante la Guerra Civil muchos masones fueron fusilados o encarcelados. El carabinero gaditano Antonio García Prieto fue uno de ellos.
Introducción
La Guerra Civil en la provincia de Cádiz sigue siendo, seis décadas después, una gran desconocida. Con estas líneas no se trata de desenterrar un pasado que nadie quiere repetir, sino de contribuir a saber qué es lo que ocurrió en nuestra provincia. Ninguna de las dos Españas de entonces puede sentirse orgullosa de los asesinatos, barbaridades e injusticias que se cometieron en sus respectivas zonas. La peor tragedia de la Guerra Civil no se vivió en los frentes de batalla sino que se sufrió en sus retaguardias.
Un carabinero masón
El jerezano Antonio García Prieto era un carabinero de 36 años de edad, felizmente casado y padre de una niña de corta edad, al que el 18 de julio de 1936 sorprendió en su domicilio de San Fernando, sito en el número 17 de la calle Calderón de la Barca.
Hijo de militar, había servido como voluntario en la Infantería de Marina. En 1931 había contraído matrimonio católico con la joven Eloísa Rodríguez Aragón y llevaba varios años destinado como escribiente en la 3ª compañía de Carabineros de San Fernando. Desde el 1 de junio de 1936 era "hermano" masón de una logia de la ciudad.
Al iniciarse la sublevación, el capitán Jerónimo Ramos Prieto, se adhirió a la misma con toda su compañía de carabineros, disponiéndose no obstante el acuartelamiento de sus efectivos. Ello estuvo motivado por que, salvo excepciones puntuales, el comandante militar de la plaza no tenía especial confianza en ellos.
De hecho, el propio teniente coronel jefe de la 11ª comandancia gaditana, Leoncio Jaso Paz, y el capitán jefe de la 2ª compañía de Vejer de la Frontera, Enrique Letrán López, serían fusilados, entre otros, en el castillo de San Sebastián, los días 6 y 19 de agosto de 1936, respectivamente.
Pasadas las primeras semanas y dominada ya casi toda la provincia por los sublevados, se procedió el 15 de septiembre a levantar el acuartelamiento a las fuerzas de carabineros para que volvieran a prestar su servicio habitual de resguardo fiscal del estado.
Listas de masones
Sin embargo la "tranquilidad" de la retaguardia gaditana, sólo turbada por los fusilamientos en los fosos de Puerta de Tierra y del castillo de San Sebastián, quedó rota cuando por orden gubernativa se publicaron a mediados de septiembre, sendas listas de afiliados a las logias masónicas locales.
La masonería, como consecuencia, entre otras razones, de su pública adhesión al Frente Popular, el 20 de octubre de 1935, había sido declarada proscrita por los sublevados. La publicidad de los listados causó un verdadero revuelo en la sociedad gaditana, empezándose a publicar numerosas cartas de los propios afectados, aclarando que meses e incluso años antes habían abandonado la masonería.
El carabinero García Prieto, se quedó preocupado por la noticia. Su nombre no había sido publicado pero temía que pudiera serlo. Entre los que figuraban en las listas estaban precisamente algunos miembros de su propio Instituto, como el alférez Francisco Oneto Barea y los carabineros Heliodoro López Domínguez y Pedro Gil Bazaga, que fueron inmediatamente detenidos y finalmente expulsados el 8 de enero de 1937.
Nuestro protagonista, tras consultar con su esposa el mismo día 15 de septiembre, acudió a Recadero García Sabater, comandante del cuerpo eclesiástico de la Armada y párroco de San Francisco, quien procedió a oírle en confesión como prueba de su arrepentimiento.
Sin embargo como el sacerdote no podría declarar a su favor en caso de ser descubierto, le recomendó que le escribiera una detallada carta reiterando lo confesado. Así lo hizo y el capellán procedió a devolvérsela tras firmar su recepción.
El tiempo fue pasando y como no se volvieron a publicar más listas, la tranquilidad volvió a su vida. Casi dos años después, el 9 de septiembre de 1938, cuando se encontraba comisionado en la Inspección General de Carabineros de Sevilla, fue conducido bajo escolta a Cádiz, al objeto de ser investigadas sus relaciones con la masonería.
Encarcelado, informes y testigos
El comandante Teodoro Díez García, juez instructor de la 11ª Comandancia de Carabineros, ordenó dos días después su ingreso en el castillo de Santa Catalina, procediendo a iniciar el correspondiente expediente con el auxilio del brigada Juan Rodríguez Vázquez.
El carabinero, cuyo nombre masón era "Platón", volvió a contar su historia. Había ingresado en junio en una logia de San Fernando que tenía su "taller" en la calle San Nicolás. Su introductor había sido el carabinero Pedro Gil Bazaga, de la logia "Luis Morolda nº 73" de Cádiz, pero se confesó muy arrepentido de ello, entregando la carta que tan celosamente había guardado.
Mientras "Platón" continuaba encarcelado, el instructor solicitó informes sobre su conducta y actividades políticas anteriores y posteriores al 18 de julio de 1936. Así el 16 de septiembre, Juan González, inspector jefe de la comisaría de investigación y vigilancia de San Fernando, contestó que en la Policía no le constaban antecedentes de clase alguna.
El día 22, José Gómez Hernández, jefe del archivo de la Delegación Nacional de Servicios Especiales, perteneciente a la "Secretaría Particular del Generalísimo", remitía su ficha masónica. En ella constaba que había sido miembro de la logia "Igualdad nº 53", perteneciente a la Gran Logia Regional del Mediodía del Grande Oriente Español y los informes favorables a su admisión de los "hermanos" masones José Pardo Amador, Emilio Garzón Benítez y Celestino Rey Vázquez, cuyos nombres simbólicos eran "Nakia", "Lutero" y "Mercurio", respectivamente.
El 27 de septiembre se recibió el informe del comandante Federico Rodríguez Baster, jefe de la Comandancia de Carabineros, en el que se manifestaba que su conducta había sido buena, antes y después del 18 de julio de 1936. Al día siguiente, el delegado local del Servicio de Investigación e Información de FET de las JONS en San Fernando, informó que no le constaba antecedente alguno, sabiéndose sólo que era lector del "Heraldo de Madrid" y que había participado en conversaciones de corte izquierdista.
Por último se recibió un informe emitido el 4 de octubre de 1938 por el teniente coronel de la Guardia Civil Enrique Sánchez Delgado, delegado de Seguridad Interior y Orden Público de Cádiz, en el que se afirmaba que "el carabinero Antonio García Prieto, es de buena conducta moral, pública y privada, metódico en su modo de vida, de carácter correcto, afable y reservado".
El instructor también procedió a tomar declaraciones a varios testigos. El primero fue el capitán Ramos, su jefe hasta el 1 de enero de 1937, quien hizo una valiente defensa de sus virtudes profesionales y cuyo comportamiento había sido siempre ejemplar, observando una conducta intachable en el desempeño de sus obligaciones profesionales.
A continuación fue, el capitán Antonio Otaolaurruchi y Gómez de Barreda, quien dijo que no se había fiado de él ya que le habían comentado otros carabineros que había sido lector del "Heraldo de Madrid" y simpatizaba con las ideas izquierdistas. Sus compañeros de oficina, el brigada Andrés Gómez Alonso y el carabinero Eduardo Cobos Blancat, reiteraron la buena conducta del encarcelado.
Su jefe de sección, el teniente Gabino del Diego Delgado, en cambio afirmó que había sido "simpatizante de la República" y lector del "Heraldo de Madrid". Por último declaró su jefe más reciente en San Fernando, el capitán Norberto Pérez Baturone, quien sólo pudo referir lo que le había comentado el capitán Otaolaurruchi.
Una vez concluido el procedimiento, el comandante instructor emitió el 10 de octubre de 1938 su informe en el que terminaba diciendo "Que con arreglo a la orden de la Secretaría de Guerra-Negociado de Justicia-, de 24 de mayo de 1937, debe ser expulsado y procesado, por pertenecer a una sociedad secreta responsable de rebelión contra la Patria en que el Frente Popular desató sus iras y odios destructores del pueblo español, siendo además de ideas de izquierdas y pretendiendo infiltrarse en los altos organismos".
Un expediente olvidado
Inexplicablemente, a pesar de que el expediente fue remitido el mismo día 10 al auditor de guerra de la 2ª Región Militar de Sevilla, transcurrió casi un año sin que se resolviese, permaneciendo mientras tanto encarcelado. La guerra había terminado el 1 de abril de 1939 y el auditor, seguramente ocupado en otras causas se había olvidado de él.
Su esposa, sumida en la desesperación y la impotencia, se decidió a elevar el 4 de septiembre de 1939, una instancia dirigida al teniente general José Enrique Varela Iglesias, ministro del Ejército, suplicando que se resolviera el expediente o que se le concediera la libertad provisional.
Cuatro días después la Sección de Justicia del ministerio requirió al auditor de Sevilla para que dictara una resolución. Sin embargo, éste tardaría otro año más en resolverlo, concretamente el 14 de octubre de 1940, declarándolo sin responsabilidad y decretando su libertad (anticipada por telegrama el 27 de julio de 1940), ya que había prestado su adhesión al "Glorioso Movimiento Nacional" desde los primeros momentos.
El 29 de julio de 1940, el carabinero Antonio García Prieto, tras sufrir casi dos años de prisión preventiva sin formación de causa judicial alguna, abandonó el castillo.
Condecorado y separado del servicio
Pocos días antes, cuando todavía permanecía encarcelado, el gobernador militar de Cádiz, en escrito de 13 de julio, participó que a dicho carabinero le había sido concedida la medalla militar colectiva por su "cooperación al triunfo del Glorioso Movimiento Nacional durante los días 18 a 22 de julio de 1936 en San Fernando".
El 5 de noviembre el expediente fue devuelto a Cádiz haciéndose cargo del mismo como instructor el ya comandante de la Guardia Civil Norberto Pérez Baturone, juez instructor de la 67ª Comandancia de Cádiz. La ley de 15 de marzo de 1940 había dispuesto que el Cuerpo de Carabineros se integrase en el de la Guardia Civil.
Pero los males de "Platón", no habían terminado porque se dispuso que en unión del también masón, sargento de carabineros Cristóbal León Escámez, pasara a disposición del Tribunal Especial para la Represión de la Masonería, previsto en la ley de 1 de marzo de 1940.
Por orden del ministerio del Ejército de 13 de agosto de 1941, Antonio García Prieto, fue separado del Instituto. El 31 de dicho mes, el teniente coronel Miguel García Rodríguez, mayor del 34º Tercio de Costas de la Guardia Civil (Cádiz), certificaba que dicho individuo, durante su permanencia en el Cuerpo había observado "Buena" conducta.
Tras pasar no pocas penalidades económicas, comenzó a trabajar en una sastrería de Cádiz, mejorando su situación, años más tarde, cuando al establecerse la base naval de Rota fue contratado como empleado civil. Sin embargo cuando las cosas parecían que se estaban enderezando volvió a sufrir un grave golpe, el peor de todos. Su única hija, Ana María, moriría a los 26 años de edad, víctima de una cruel enfermedad.
El 9 de noviembre de 1974, Antonio García Prieto, que fue buen militar, persona de orden, leal esposo y ejemplar padre, cuyos únicos "delitos" fueron los de haber sido masón un par de meses, leer el "Heraldo de Madrid" y participar en algunas conversaciones de corte izquierdista, falleció en San Fernando, en cuyo cementerio sus restos descansan en paz. Nueve años después, en 1983, su fiel y sufrida esposa volvería a juntarse con él. 


Fuente: Jesús Núñez en el "DIARIO DE CADIZ"

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